El boxeo profesional está más cerca de sufrir una transformación profunda, promovida desde Estados Unidos, donde se trabaja en la mayor reforma en el último cuarto de siglo. Un acuerdo bipartidista en el Congreso ha impulsado la «Ley de Revitalización del Boxeo Americano Muhammad Ali», cuya última serie de enmiendas promete limpiar el deporte de la excesiva proliferación de títulos y fortalecer los derechos de los púgiles. La medida más aplaudida por los aficionados es la que estipula que cada organismo podrá otorgar únicamente un título de campeón por cada categoría de peso. Actualmente, empresas como la WBA han llegado a mantener más de 40 cinturones activos en solo 17 divisiones, cobrando tasas de hasta el 3% por cada cinturón.
Bajo la nueva normativa, los títulos interinos quedarán restringidos a casos de fuerza mayor: enfermedad o lesión del campeón, negativa a defender el cetro o imposibilidad de viajar. El presidente de la WBO, Gustavo Olivieri, ha respaldado la ley afirmando que la existencia de campeones secundarios «socava la credibilidad» del deporte y confunde al público. La reforma legislativa contempla un refuerzo sustancial en las condiciones de vida y salud de los deportistas, elevando el pago mínimo por asalto a aproximadamente 188 euros, mientras que la cobertura médica mínima obligatoria se duplica hasta alcanzar los 47.000 euros. Junto a este impulso financiero, la ley endurece la vigilancia sobre la integridad física de los boxeadores, obligando a una mayor frecuencia y rigor en las pruebas de salud cerebral, exámenes oculares y análisis de sangre, asegurando que el progreso económico vaya de la mano con una protección médica actualizada y constante.
Las enmiendas impulsadas por la representante Ilhan Omar buscan terminar con las «cadenas» contractuales de antaño. A partir de ahora, los contratos no podrán superar los seis años de duración. Además, se otorga un periodo de agencia libre que permite a los púgiles negociar con otros promotores 30 días antes de que expire su contrato actual.
Para evitar el estancamiento de las carreras, se establece que si un boxeador no tiene actividad en un periodo de seis meses, tendrá derecho a una compensación económica equivalente a diez veces el pago mínimo por asalto, lo que supondría una indemnización cercana a los 1.880 euros por combate no celebrado.
Con el apoyo del WBC y la mirada atenta de nuevas promotoras como Zuffa Boxing (de Dana White), que operará con sus propios ranking, el proyecto se encamina al pleno de la Cámara de Representantes para lo que el congresista Brian Jack define como «un paso crítico para revivir uno de los deportes más grandes de América».
